La violencia volvió a golpear a la política mexicana. María Lucía Mora, coordinadora de Morena en Valle de Allende, Chihuahua, fue asesinada la noche del martes en un hecho que ha generado conmoción y fuertes reacciones dentro del oficialismo.
El crimen ocurrió apenas horas después de que la dirigencia morenista anunciara una ofensiva política contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, incluyendo una marcha y la promoción de un juicio político por presunta “traición a la patria”.
La presidenta estatal de Morena, Brighite Granados, junto con la senadora Andrea Chávez, habían intensificado el discurso contra el gobierno estatal horas antes del asesinato, lo que rápidamente encendió especulaciones políticas y exigencias de una investigación inmediata.
Aunque hasta el momento no existe información oficial que vincule el crimen con el conflicto político, militantes y simpatizantes de Morena denunciaron un clima de violencia, persecución e ingobernabilidad en Chihuahua.
El caso vuelve a exhibir el deterioro de la seguridad en el país, donde los asesinatos de actores políticos se han convertido en parte de una crisis constante mientras gobiernos estatales y federales intercambian acusaciones en lugar de ofrecer resultados.
Desde la oposición también surgieron llamados a evitar el uso político del crimen antes de que existan investigaciones concluyentes. Sin embargo, el asesinato ya escaló al terreno nacional y amenaza con profundizar la confrontación entre Morena y el gobierno panista de Chihuahua.
En medio del choque político, una nueva ejecución vuelve a dejar la misma pregunta sobre la mesa: quién controla realmente la seguridad en México.
