La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el gobierno federal continúa brindando protección al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y aseguró que ese tipo de apoyo se otorga “a cualquier mexicano que lo solicite”.
Sin embargo, sus declaraciones desataron nuevas críticas por el contraste entre la protección otorgada a figuras políticas y la falta de respuesta efectiva para comunidades enteras atrapadas por la violencia del crimen organizado.
El caso de Chilapa, en Guerrero, volvió a colocarse en el centro del debate luego de que habitantes denunciaran que llevaban días solicitando ayuda y protección ante amenazas de grupos criminales, antes de sufrir desplazamientos y ataques violentos.
La indignación aumentó debido a que, según denuncias y documentos difundidos públicamente, la respuesta del gobierno federal habría sido enviar a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para “dialogar” en medio de la crisis de seguridad.
Críticos del gobierno señalaron que la prioridad institucional parece concentrarse en proteger a funcionarios y aliados políticos mientras miles de ciudadanos permanecen indefensos frente al control territorial del crimen organizado.
El episodio alimenta nuevamente las críticas contra la estrategia de seguridad de la llamada Cuarta Transformación, acusada por la oposición y sectores sociales de privilegiar la negociación política y la contención mediática sobre acciones contundentes contra los grupos criminales.
Mientras el gobierno insiste en defender su política de seguridad, la percepción de abandono en regiones violentas continúa creciendo y profundizando el desgaste político del oficialismo.
