Un grupo de abogados en Tijuana exigió la detención inmediata del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tras las acusaciones y señalamientos surgidos desde Estados Unidos relacionados con presuntos vínculos con el crimen organizado.
Los litigantes acusaron además un supuesto encubrimiento por parte del gobierno federal, al considerar que las autoridades mexicanas no han actuado con firmeza frente a un caso que ha escalado políticamente tanto a nivel nacional como internacional.
Durante su posicionamiento, los abogados señalaron que la falta de investigaciones visibles y acciones judiciales inmediatas genera desconfianza ciudadana y alimenta la percepción de impunidad dentro de la clase política.
El caso Rocha Moya se ha convertido en uno de los principales focos de confrontación entre oposición y oficialismo, particularmente por las versiones difundidas en Estados Unidos y las constantes exigencias para que se esclarezcan los señalamientos.
Mientras sectores críticos demandan investigaciones transparentes y deslindes políticos, Morena y el gobierno federal han insistido en que no se puede condenar públicamente a funcionarios sin pruebas judiciales concluyentes.
Hasta el momento, no existe una sentencia ni una acusación formal pública en México contra Rocha Moya derivada de estos señalamientos; sin embargo, la presión mediática y política alrededor del caso continúa creciendo.
