Ciudad de México.— La polémica por el espacio “Derecho de Réplica” no termina. Luisa María Alcalde rechazó que el Gobierno federal o Morena hayan elaborado una lista de periodistas “enemigos del gobierno” y aseguró que lo presentado fue un análisis sobre un supuesto ecosistema digital de amplificación artificial.
De acuerdo con la dirigente morenista, el ejercicio buscaba explicar cómo determinados contenidos pueden ser retomados por cuentas anónimas y posteriormente amplificados mediante redes de bots, trolls y otras cuentas coordinadas.
Alcalde insistió en que aparecer dentro de ese mapa de amplificación no significa que un periodista, medio o político forme parte de una operación, ni que financie cuentas automatizadas o trolls. El objetivo, sostuvo, era mostrar cómo pueden construirse y posicionarse tendencias artificialmente en redes sociales.
El argumento oficial puede ser técnicamente defendible: que un periodista sea mencionado o retomado por una red de cuentas no demuestra que participe en ella.
Pero políticamente la discusión es otra.
Cuando desde un espacio impulsado por el Gobierno se exhiben nombres de periodistas y medios dentro de un supuesto esquema de amplificación, la pregunta inevitable es quién define cuáles contenidos son sospechosos y con qué metodología.
Y ahí es donde la explicación de Alcalde enfrenta su mayor desafío: demostrar que no se trata de una forma de etiquetar, directa o indirectamente, a periodistas incómodos para el poder.
La controversia ocurre además en un contexto en el que “Derecho de Réplica” se ha convertido en un nuevo frente de confrontación entre el Gobierno y los medios de comunicación, mientras la oposición cuestiona que el propio Ejecutivo se coloque en el papel de árbitro de la información.
De “enemigos” a “ecosistema digital”
La diferencia semántica puede parecer menor, pero políticamente resulta enorme.
No es lo mismo decir “estos periodistas son enemigos del Gobierno” que señalar que determinadas publicaciones aparecen dentro de una red de amplificación artificial.
Sin embargo, si se muestran nombres, cuentas y medios, el Gobierno tiene una obligación adicional: presentar metodología, evidencia verificable y criterios claros para evitar que un análisis de redes termine convirtiéndose en un mecanismo de señalamiento público.
La propia discusión sobre bots y trolls no es nueva. En junio, dentro del mismo espacio, se había hablado de grupos de bots y cuentas de trolls que presuntamente impulsaban contenidos críticos contra la presidenta Claudia Sheinbaum y el Gobierno federal.
La línea roja: investigar redes, no etiquetar periodistas
El Gobierno tiene derecho a identificar campañas coordinadas de desinformación. También tiene derecho a responder a críticas y defender su versión de los hechos.
Lo que resulta mucho más delicado es que la investigación de una posible operación digital termine contaminando la reputación de periodistas que simplemente hicieron su trabajo o cuyos contenidos fueron utilizados por terceros.
Porque si un reportero publica una información y posteriormente un grupo de cuentas anónimas la replica miles de veces, eso no convierte automáticamente al periodista en integrante de esa red.
En eso, la aclaración de Alcalde es pertinente.
Pero también deja una pregunta pendiente:
¿Dónde está la evidencia que permite distinguir entre una operación coordinada y una conversación orgánica que simplemente creció en redes?
Ahí debería estar la discusión.
Porque en una democracia, investigar bots no debe convertirse en una nueva forma de etiquetar críticos.
Y si el Gobierno quiere convencer de que no existe una “lista negra”, tendrá que hacer algo más que cambiarle el nombre.
Tendrá que transparentar el análisis.
