Ciudad de México.— Desde el penal federal del Altiplano, el exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, rompió el silencio y rechazó categóricamente ser el líder fundador de La Barredora, organización criminal con la que las autoridades lo han relacionado.
En una carta fechada el 3 de agosto y difundida esta semana, Bermúdez Requena se declaró inocente de los delitos que se le imputan y aseguró ser víctima de una persecución política y mediática. También cuestionó la forma en que, según su versión, fueron construidas algunas de las acusaciones en su contra.
El exfuncionario sostuvo que corresponde a quienes lo señalan presentar pruebas “sólidas, claras, objetivas y precisas” y pidió que su proceso se conduzca bajo los principios de debido proceso, presunción de inocencia e igualdad procesal.
El caso tiene una fuerte carga política porque Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández en Tabasco, posición desde la cual las acusaciones en su contra adquieren una dimensión que rebasa lo estrictamente judicial.
Las autoridades lo identifican como presunto líder fundador de La Barredora. Él, en cambio, sostiene que nunca perteneció ni dirigió dicha organización y acusa que algunos testimonios utilizados en su contra pudieron obtenerse mediante beneficios procesales.
La Fiscalía de Tabasco, por su parte, ha defendido la solidez del proceso judicial, mientras Bermúdez insiste en que debe ser juzgado con pruebas y no mediante acusaciones difundidas en medios de comunicación.
La declaración del exsecretario no sólo representa una estrategia jurídica; también tiene una lectura política.
Bermúdez Requena intenta colocar el caso en el terreno de una posible persecución política, precisamente cuando su nombre se convirtió en uno de los mayores escándalos de seguridad pública de Tabasco.
La acusación es particularmente delicada porque, de comprobarse los señalamientos, implicaría que quien estuvo encargado de la seguridad estatal habría tenido vínculos con una estructura criminal. Pero mientras no exista una sentencia firme, las acusaciones deben distinguirse de una responsabilidad penal acreditada.
