En medio de la crisis política derivada de las acusaciones del gobierno de Estados Unidos, han surgido cuestionamientos sobre la existencia y manejo de las pruebas en el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Mientras autoridades mexicanas han señalado que no se han presentado elementos probatorios suficientes dentro de los canales oficiales, también se ha planteado que, en caso de existir, dichas pruebas no deberían hacerse públicas, lo que ha generado críticas por posibles contradicciones en el discurso institucional.
El caso se enmarca en una investigación impulsada por fiscales estadounidenses, quienes acusan a Rocha Moya y a otros funcionarios de presuntos vínculos con el narcotráfico y colaboración con el Cártel de Sinaloa.
Por su parte, el gobierno mexicano ha indicado que cualquier acción, incluida una posible extradición, dependerá de la presentación formal de evidencia conforme a los tratados internacionales vigentes.
Este escenario ha intensificado el debate público sobre la transparencia, el debido proceso y la relación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y justicia.
