Ciudad de México. La narrativa del gobierno federal y de Morena sobre el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, parece haber dado un giro de 180 grados. Quien durante meses fue señalado por el oficialismo como un “mentiroso”, promotor del intervencionismo y portavoz de la injerencia estadounidense, ahora es presentado como una fuente creíble cuando sus declaraciones favorecen al expresidente Andrés Manuel López Obrador y al exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
En distintas ocasiones, la presidenta Claudia Sheinbaum y dirigentes de Morena descalificaron a Salazar por sus críticas a la estrategia de seguridad, la reforma al Poder Judicial y otros temas de la agenda nacional. Incluso, desde Palacio Nacional se le acusó de rebasar sus funciones diplomáticas y de intentar influir en decisiones internas del país.
Sin embargo, el discurso cambió cuando el exembajador aseguró que durante su gestión no contó con pruebas que vincularan a López Obrador o a Rocha Moya con actividades del crimen organizado. Esa declaración fue rápidamente retomada por figuras del oficialismo como evidencia para rechazar las versiones que han circulado sobre presuntos nexos entre actores políticos y organizaciones delictivas.
El contraste ha generado cuestionamientos entre analistas y opositores, quienes consideran que el gobierno utiliza un criterio selectivo para validar o desacreditar las opiniones de funcionarios extranjeros. Cuando las declaraciones resultan incómodas para el oficialismo, sostienen, se les acusa de intervencionismo; cuando benefician políticamente a Morena, se convierten en testimonios dignos de credibilidad.
La contradicción también reaviva el debate sobre la consistencia del discurso de soberanía impulsado por la llamada Cuarta Transformación. Mientras el gobierno ha insistido en rechazar cualquier señalamiento proveniente de autoridades estadounidenses por considerarlo una intromisión, ahora utiliza las palabras del mismo exembajador para fortalecer su defensa frente a las acusaciones que han rodeado a personajes clave del movimiento.
Para la oposición, el episodio refleja una estrategia política basada en la conveniencia del momento: descalificar al mensajero cuando el mensaje incomoda y reivindicarlo cuando sus declaraciones resultan útiles para blindar la imagen del oficialismo. Una postura que, afirman, debilita la credibilidad del discurso gubernamental y exhibe un evidente doble rasero en la relación con Estados Unidos.
