Puebla, Pue. La coordinadora Jurídica de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Puebla, Gabriela Marlen Rojas Rosas, ha sido objeto de señalamientos públicos relacionados con su trayectoria profesional y su incorporación al gobierno estatal.
De acuerdo con versiones difundidas públicamente, Rojas Rosas habría participado como defensora legal de José Christian Romero Aguirre, “El Grillo”, presunto líder criminal. En México, el ejercicio de la defensa jurídica constituye una actividad profesional protegida por el derecho de toda persona a contar con representación legal, por lo que haber asumido esa defensa no implica, por sí mismo, responsabilidad o vínculo con las actividades ilícitas atribuidas a un cliente.
Asimismo, se ha señalado que durante 2024 habría laborado en el Senado de la República, donde presuntamente estableció vínculos profesionales con Fredy Erazo Juárez, actual titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia (FEIDAI), quien, según esas versiones, habría respaldado posteriormente su incorporación primero a la Secretaría de Educación Pública y después a la Secretaría Anticorrupción.
También han circulado acusaciones de que, durante su paso por la SEP de Puebla, enfrentó señalamientos por presunto acoso laboral y por supuestas irregularidades en la asignación de plazas docentes. Hasta el momento no se ha informado públicamente sobre resoluciones administrativas o judiciales firmes que acrediten dichas acusaciones.
Respecto a versiones sobre la situación migratoria de una persona identificada como su pareja sentimental, no existe información oficial que confirme esos señalamientos, por lo que no es posible presentarlos como hechos.
Hasta el cierre de esta información, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Puebla, la propia funcionaria y las demás personas mencionadas no habían emitido un posicionamiento público sobre estos señalamientos.
En un Estado de derecho, este tipo de afirmaciones requieren sustento documental y, en su caso, el pronunciamiento de las autoridades competentes, por lo que cualquier responsabilidad debe determinarse mediante los procedimientos legales correspondientes y respetando la presunción de inocencia.
