Ciudad de México. La Fiscalía de Estados Unidos solicitó formalmente al juez Brian M. Cogan imponer cadena perpetua a Ismael “El Mayo” Zambada, considerado por las autoridades estadounidenses como uno de los líderes del narcotráfico más poderosos del mundo.
Además de la pena máxima, los fiscales pidieron el decomiso de una fortuna estimada en 15 mil millones de dólares, al sostener que dichos recursos provienen de las actividades ilícitas atribuidas al cofundador del Cártel de Sinaloa.
En el documento presentado ante la Corte, la Fiscalía también sostiene que Zambada pagó millones de dólares en sobornos a políticos y autoridades de distintos niveles del gobierno mexicano para proteger las operaciones de la organización criminal, una acusación de alto impacto que, de momento, forma parte de la imputación presentada por el gobierno estadounidense y que deberá sustentarse durante el proceso judicial.
El señalamiento vuelve a colocar bajo presión la relación entre el crimen organizado y las instituciones mexicanas, un tema que ha marcado la cooperación bilateral en materia de seguridad y combate al narcotráfico.
Mientras el gobierno de Estados Unidos endurece su postura contra uno de los capos más emblemáticos del Cártel de Sinaloa, las acusaciones sobre presuntos sobornos a funcionarios mexicanos podrían reavivar el debate político en ambos países y aumentar la exigencia de investigaciones que permitan esclarecer si existieron redes de protección institucional al narcotráfico.
De confirmarse las imputaciones durante el proceso, el caso de “El Mayo” Zambada no solo representaría uno de los mayores golpes judiciales contra el crimen organizado, sino que también tendría implicaciones políticas por los presuntos vínculos de corrupción señalados por la Fiscalía estadounidense.
