Legisladores de Estados Unidos propusieron que el combate al huachicol sea considerado prioridad dentro de la estrategia estadounidense contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, elevando el robo de combustible al nivel de amenaza binacional.
La iniciativa fue impulsada por la senadora Jacky Rosen y el senador John Cornyn, quienes advirtieron que el robo y tráfico ilícito de petróleo, gasolina, diésel y derivados refinados operado por organizaciones criminales con base en México representa un riesgo directo para la seguridad nacional y la seguridad pública estadounidense.
El posicionamiento vuelve a colocar bajo presión al gobierno mexicano y revive uno de los temas más sensibles de la llamada Cuarta Transformación: el combate al huachicol. Aunque el expresidente Andrés Manuel López Obrador prometió erradicar el robo de combustible y presentó operativos espectaculares desde el inicio de su sexenio, en distintas regiones del país continúan apareciendo tomas clandestinas, redes de tráfico y presuntos vínculos criminales ligados al negocio ilegal de hidrocarburos.
La propuesta estadounidense también refleja cómo Washington comienza a mirar el huachicol no solo como un problema económico para Petróleos Mexicanos, sino como una fuente de financiamiento para organizaciones criminales transnacionales.
Críticos señalaron que el endurecimiento del discurso en Estados Unidos podría abrir la puerta a mayores presiones diplomáticas, sanciones o incluso intentos de intervención en temas de seguridad energética y combate al crimen organizado en México.
En redes sociales, usuarios ironizaron con que el “fin del huachicol” prometido por la 4T terminó convertido en preocupación internacional. Otros advirtieron que el tema exhibe la capacidad económica y territorial que aún conservan grupos criminales pese a años de operativos y discursos oficiales.
