La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, elevó el tono de la confrontación política al pedir que autoridades de Estados Unidos investiguen a la senadora Andrea Chávez y a la secretaria de Bienestar federal Ariadna Montiel Reyes por presuntos vínculos con el crimen organizado.
La mandataria estatal aseguró que cualquier indagatoria relacionada con posibles nexos criminales no debería limitarse al caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sugiriendo que las investigaciones tendrían que ampliarse hacia otros actores del oficialismo.
Las declaraciones intensifican el choque entre gobiernos estatales de oposición y Morena, en un momento donde las acusaciones sobre crimen organizado y política se han convertido en parte central del debate público nacional.
Sin embargo, las afirmaciones de Maru Campos se presentan como exigencias políticas y señalamientos públicos; hasta el momento, no equivalen por sí mismas a pruebas judiciales o confirmación de investigaciones formales contra las personas mencionadas.
El episodio también refleja cómo la disputa política mexicana ha cruzado fronteras, con actores nacionales apelando cada vez más a instituciones y autoridades estadounidenses para presionar, exhibir o confrontar adversarios políticos.
Mientras Morena acusa campañas de desgaste y guerra política, la oposición insiste en colocar el tema de presuntos vínculos criminales como uno de los ejes más explosivos del debate rumbo a los próximos procesos electorales.
