La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto para modificar la Ley General de Transparencia, con el objetivo de que las instituciones públicas publiquen información adicional a la que actualmente están obligadas por la legislación.
El cambio busca impulsar una política de mayor apertura gubernamental, permitiendo que dependencias y organismos difundan más datos sobre sus actividades, programas y decisiones, bajo el argumento de fortalecer el derecho ciudadano a conocer el funcionamiento de las instituciones.
Sin embargo, la medida ya genera cuestionamientos entre sectores críticos del gobierno federal, quienes advierten que la modificación debe analizarse con cuidado para evitar que una mayor regulación termine convirtiéndose en una herramienta discrecional sobre qué información se publica y cuál permanece reservada.
Desde la oposición han señalado que la transparencia no sólo depende de la cantidad de información disponible, sino de que existan mecanismos independientes que garanticen el acceso efectivo a los datos públicos y la vigilancia ciudadana sobre el ejercicio del poder.
El decreto ocurre en medio del debate nacional sobre el futuro de los organismos y mecanismos de transparencia en México, luego de los cambios impulsados por la actual administración federal en materia de instituciones autónomas y acceso a la información pública.
Para el gobierno de Sheinbaum, la nueva disposición representa un paso hacia un modelo de mayor rendición de cuentas; para sus críticos, el reto será demostrar que la apertura informativa no quede únicamente en el discurso y que los ciudadanos puedan acceder a datos completos, verificables y oportunos sobre las decisiones gubernamentales.
La modificación a la Ley General de Transparencia abre así un nuevo capítulo en la discusión sobre el equilibrio entre eficiencia gubernamental, control institucional y derecho ciudadano a fiscalizar al poder público.
