Puebla, Pue.— La crisis de medicamentos para pacientes renales y trasplantados vuelve a poner al IMSS bajo presión. La Asociación de Enfermos Renales y Trasplantados Puebla denunció que existen pacientes que llevan hasta cuatro meses sin recibir medicamentos, particularmente tratamientos indispensables para evitar el rechazo de órganos trasplantados.
La organización sostiene que el problema no sería atribuible a los proveedores, luego de que uno de ellos habría señalado que no ha recibido las órdenes de compra correspondientes. La denuncia coloca nuevamente en el centro del debate la gestión de los medicamentos y la responsabilidad de las instituciones encargadas de garantizar su suministro.
La situación es especialmente delicada con el tacrolimus, fármaco fundamental para pacientes trasplantados. De acuerdo con reportes recientes, en Puebla llegaron mil 940 cajas durante la última semana, pero la demanda mensual estimada es de alrededor de 2 mil 200 piezas, por lo que el suministro todavía sería insuficiente.
La asociación ha advertido que parte del medicamento recibido no corresponde necesariamente a nuevas compras, sino a traspasos entre hospitales, lo que podría trasladar el problema de un paciente a otro en lugar de resolverlo de fondo.
Y aquí aparece la pregunta incómoda: si existen proveedores dispuestos a surtir pero no reciben órdenes de compra, ¿en qué parte de la cadena administrativa se está atorando el medicamento?
Porque para un paciente trasplantado, esperar semanas o meses no es un trámite burocrático.
Es un riesgo para su vida y para el órgano que recibió.
Ante esta situación, la Asociación de Enfermos Renales y Trasplantados Puebla exigió la destitución de Zoé Robledo como director general del IMSS, a quien calificaron de “mueble” por lo que consideran falta de respuesta ante la crisis.
La organización anunció además una movilización nacional para el 7 de septiembre en Puebla, que partirá del Zócalo y contempla llegar a la Secretaría de Salud, el Hospital de San José y las instalaciones del IMSS. Entre sus demandas están el abasto permanente de tacrolimus, medicamentos para enfermedades crónico-degenerativas, atención de consultas, estudios y cirugías, así como transparencia en la existencia y distribución de fármacos.
