Ciudad de México. La revelación de que Productos Hospitalarios S.A. de C.V. (SAFE), filial de Laboratorios Pisa, habría recibido nuevos contratos públicos después del escándalo relacionado con fórmulas contaminadas que derivó en la muerte de 17 bebés, ha generado indignación y cuestionamientos sobre los mecanismos de contratación en el sector salud.
De acuerdo con la información difundida, la empresa fue contratada en al menos tres ocasiones sin procesos de competencia abiertos, acumulando pagos que alcanzarían hasta 6.5 millones de pesos, pese a los antecedentes que marcaron uno de los episodios más sensibles para el sistema sanitario mexicano.
El caso ha reavivado el debate sobre la rendición de cuentas y la responsabilidad de las instituciones encargadas de garantizar la calidad y seguridad de los insumos médicos. Para especialistas y organizaciones civiles, resulta preocupante que una empresa relacionada con un escándalo de tal magnitud continúe obteniendo contratos gubernamentales sin que exista una explicación pública detallada sobre los criterios utilizados para su contratación.
Más allá de los aspectos legales, la polémica plantea una cuestión ética de fondo: ¿qué mensaje se envía a las familias afectadas cuando empresas vinculadas a tragedias sanitarias siguen recibiendo recursos públicos? La respuesta institucional a esta pregunta ha sido, hasta ahora, insuficiente para disipar las dudas.
Críticos del proceso señalan que la transparencia no debería limitarse a la publicación de contratos, sino incluir una justificación clara sobre la evaluación de antecedentes, riesgos y capacidades de los proveedores que participan en adquisiciones relacionadas con la salud pública.
La controversia también vuelve a exhibir un problema recurrente en la administración pública: la concentración de contratos en determinados proveedores y el uso de procedimientos que reducen la competencia. Aunque estas prácticas pueden ser legales bajo ciertas circunstancias, suelen generar sospechas sobre la eficiencia del gasto y la vigilancia de los recursos públicos.
Mientras persisten las interrogantes, familiares de las víctimas y organizaciones de vigilancia ciudadana insisten en que la memoria de los menores fallecidos exige algo más que explicaciones administrativas: demanda transparencia plena, responsabilidades claras y garantías de que tragedias similares no volverán a repetirse.
