La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el 75 por ciento de las armas aseguradas en México provienen de Estados Unidos y cruzan ilegalmente la frontera, al reiterar que el tráfico de armamento es uno de los principales factores que alimentan la violencia en el país.
Durante la jornada “Sí al desarme, sí a la paz”, realizada en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, la mandataria insistió en que el Gobierno de Estados Unidos debe asumir una mayor responsabilidad para frenar el flujo ilegal de armas hacia territorio mexicano.
Sheinbaum sostuvo que, mientras México trabaja en programas de desarme voluntario y prevención de la violencia, del otro lado de la frontera continúa el tráfico de armamento que termina en manos de los grupos del crimen organizado.
No obstante, las declaraciones también reavivan el debate sobre la estrategia de seguridad del Gobierno federal. Si bien el tráfico de armas desde Estados Unidos es un problema ampliamente documentado, especialistas han señalado que el ingreso de armamento sólo representa una parte del fenómeno, pues la capacidad operativa de las organizaciones criminales también depende del combate a la impunidad, el desmantelamiento de las redes de corrupción y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia.
El mensaje presidencial se dio en un escenario cargado de simbolismo, las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, donde el Gobierno federal promovió el desarme ciudadano como parte de su estrategia para construir la paz. Sin embargo, críticos cuestionan que, mientras se invita a las familias a entregar voluntariamente armas de fuego, los grupos criminales continúan operando con fusiles de alto poder, equipo táctico y arsenales que siguen ingresando ilegalmente al país.
El contraste alimenta una de las principales críticas a la política de seguridad: mientras el discurso oficial pone el acento en el desarme de la población civil y en la responsabilidad de Estados Unidos, millones de mexicanos continúan exigiendo resultados más contundentes contra las organizaciones criminales que mantienen amplias zonas del país bajo el asedio de la violencia.
