El senador Gerardo Fernández Noroña enfrenta un nuevo revés político, luego de que el Tribunal Electoral de Michoacán resolviera, en primera instancia, ordenar su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
La resolución coloca nuevamente en el centro del debate el discurso de uno de los personajes más polémicos de la llamada Cuarta Transformación, cuyo estilo confrontativo ha sido señalado en diversas ocasiones por descalificar a sus adversarios desde la tribuna pública.
Aunque la determinación aún puede ser impugnada y no constituye una resolución definitiva, el fallo representa un llamado de atención sobre los límites que deben observar los servidores públicos en el ejercicio de la libertad de expresión cuando ésta deriva en conductas que pueden constituir violencia política contra las mujeres.
El caso también reaviva el debate sobre la congruencia del discurso de Morena en materia de igualdad y combate a la violencia de género. Mientras el partido en el poder ha impulsado reformas y políticas para fortalecer los derechos de las mujeres, algunos de sus principales liderazgos han sido señalados por expresiones o conductas que terminan bajo el escrutinio de las autoridades electorales.
La resolución del Tribunal de Michoacán abre un nuevo frente para Fernández Noroña, quien además de enfrentar el desgaste político derivado del caso, tendrá que definir su estrategia jurídica para controvertir la decisión en las instancias correspondientes.
Más allá del desenlace legal, el episodio vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda para la clase política: ¿la lucha contra la violencia política de género se aplica con el mismo rigor cuando los señalados pertenecen al partido en el poder, o sigue siendo un discurso que se utiliza de manera selectiva según la conveniencia política?
