Lo que debía ser un espacio de diálogo y apertura en el Congreso del Estado terminó convertido en un episodio de desdén político. El diputado Rafael Micalco decidió abandonar su lugar e ignorar la participación de representantes de pueblos originarios que hacían uso de la palabra desde la máxima tribuna legislativa, bajo el argumento de una presunta falta de respeto.
La actitud del legislador provocó críticas entre asistentes y observadores, al considerar que, independientemente de las diferencias políticas o del tono de las intervenciones, la obligación de un representante popular es escuchar a los sectores que acuden al Congreso para expresar sus demandas, especialmente tratándose de comunidades indígenas que históricamente han enfrentado exclusión.
El episodio también reavivó el debate sobre la legitimidad política de Micalco. Al ocupar una diputación por la vía de representación proporcional (plurinominal), el panista no realizó campaña ni obtuvo el voto directo de la ciudadanía para acceder a la curul, una circunstancia que sus críticos consideran lo obliga aún más a mantener apertura y cercanía con la sociedad.
Para diversos actores políticos, el mensaje fue claro: mientras los representantes de pueblos originarios buscaban ser escuchados desde la tribuna, uno de los legisladores optó por darles la espalda, alimentando la percepción de una clase política distante de las causas ciudadanas.
El hecho vuelve a colocar bajo la lupa el desempeño de quienes llegan al Congreso por la vía plurinominal, una figura legal, pero frecuentemente cuestionada por amplios sectores sociales al considerar que reduce la rendición de cuentas frente a los ciudadanos.
La polémica se suma a un contexto de creciente exigencia social para que los representantes populares privilegien el diálogo, el respeto institucional y la atención a las voces de los grupos históricamente relegados, en lugar de convertir las diferencias políticas en un motivo para abandonar el debate público.
