El exgobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, salió públicamente a rechazar las versiones sobre un presunto daño patrimonial en el OPD Salud durante el ejercicio 2024, asegurando que su administración actuó conforme a la legalidad y bajo revisión permanente de los órganos fiscalizadores.
A través de un comunicado, el exmandatario sostuvo que tanto la Auditoría Superior de la Federación como la Auditoría Superior del Estado revisaron las cuentas públicas de 2023 y 2024 “sin registrar observaciones” relacionadas con daño patrimonial.
El posicionamiento surge luego de versiones y señalamientos sobre posibles irregularidades administrativas en el sector salud, uno de los rubros históricamente más sensibles y polémicos en Puebla por el manejo de recursos públicos y los procesos de fiscalización.
Sergio Salomón también intentó bajar el tono a las observaciones derivadas de la entrega-recepción, asegurando que corresponden únicamente a documentación comprobatoria y no a desvíos o malos manejos financieros.
Sin embargo, el caso vuelve a exhibir cómo las auditorías y observaciones administrativas suelen convertirse rápidamente en munición política, especialmente cuando se trata de gobiernos salientes y disputas internas dentro del poder.
En su mensaje, el exgobernador advirtió sobre interpretaciones “ambiguas” y posibles intentos de desinformación, insinuando que detrás de las acusaciones podría existir más interés político que técnico.
“Que los hechos hablen”, cerró Sergio Salomón, en una frase que dejó claro que la batalla ya no sólo será jurídica o administrativa, sino también mediática y política.
