Las acusaciones lanzadas desde Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios vinculados presuntamente con el narcotráfico, vuelven a poner sobre la mesa una realidad incómoda: la infiltración del crimen organizado en la política mexicana.
Mientras Morena insiste en descalificar las investigaciones extranjeras y cerrar filas en defensa de sus cuadros, las denuncias y señalamientos continúan creciendo. De acuerdo con reportes recientes, autoridades estadounidenses acusan a Rocha Moya y a otros funcionarios de haber brindado protección política al Cártel de Sinaloa a cambio de apoyo y beneficios ilegales.
La polémica se intensificó luego de que actores políticos exigieran que las investigaciones no queden en discursos nacionalistas ni en simulaciones de justicia. La discusión ya no gira únicamente sobre soberanía, sino sobre la incapacidad del Estado mexicano para limpiar sus propias instituciones mientras la violencia y el control criminal avanzan en diversas regiones del país.
El caso también ha desatado críticas contra la clase política que, durante años, negó o minimizó los vínculos entre gobiernos locales y grupos criminales. Para diversos sectores, resulta alarmante que las acusaciones más graves contra funcionarios mexicanos terminen siendo impulsadas desde el extranjero y no por las propias fiscalías nacionales.
En medio de homicidios, desapariciones y el crecimiento del poder de los cárteles, el escándalo alrededor de Rocha Moya representa para muchos ciudadanos otro ejemplo de cómo el poder político y la impunidad parecen caminar de la mano en México
