El obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, denunció públicamente que habitantes de Huautla viven bajo un régimen de extorsión y violencia impuesto por grupos del crimen organizado, obligados a pagar hasta 200 pesos por cada integrante de su familia.
De acuerdo con el jerarca católico, la situación en la comunidad ha llegado a niveles alarmantes: “si no pagas, te disparan”, afirmó, al tiempo que calificó el escenario como un “narcogobierno municipal”, acusando además que las autoridades saben perfectamente quién controla la zona.
La denuncia también revela que la población estaría atrapada entre dos organizaciones criminales: el Cártel Jalisco Nueva Generación y La Familia Michoacana, quienes presuntamente exigen cuotas simultáneas a los habitantes, profundizando el clima de miedo y abandono.
El nivel de violencia habría llegado incluso a afectar directamente a la Iglesia, pues el párroco de la comunidad tuvo que abandonar la zona tras recibir amenazas, reflejando el grado de control que, según las denuncias, mantienen los grupos criminales en la región.
Las declaraciones del obispo vuelven a poner en entredicho la estrategia de seguridad en Morelos y exhiben la percepción creciente de que en algunas regiones del país el crimen organizado ya no solo disputa territorios, sino que actúa como autoridad de facto ante la ausencia o incapacidad del Estado.
Mientras las autoridades insisten en que existen operativos y avances en seguridad, testimonios como el de Huautla muestran una realidad donde ciudadanos, comerciantes y hasta líderes religiosos aseguran vivir sometidos al miedo, las cuotas y la violencia cotidiana.
