La Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de Puebla ha destinado alrededor de 3.2 millones de pesos en apenas tres meses para la realización de encuestas, de acuerdo con información contenida en los estados financieros del gobierno municipal.
Sin embargo, los documentos no detallan qué empresas fueron contratadas para elaborar dichos estudios ni aclaran si los recursos se distribuyeron entre varias compañías o quedaron concentrados en una sola, situación que ya comienza a generar cuestionamientos sobre transparencia y manejo del gasto público.
El caso vuelve a poner bajo la lupa el uso de recursos destinados a imagen, percepción ciudadana y medición política dentro de las administraciones públicas, especialmente en un contexto donde servicios básicos, seguridad e infraestructura continúan siendo demandas prioritarias para la ciudadanía.
Críticos señalan que muchas veces las encuestas contratadas por gobiernos terminan funcionando más como herramientas de propaganda o posicionamiento político que como instrumentos técnicos para mejorar políticas públicas.
La falta de claridad sobre los contratos también alimenta sospechas sobre posibles favoritismos hacia empresas afines o sobre el uso discrecional del presupuesto en áreas relacionadas con comunicación e imagen gubernamental.
Mientras el ayuntamiento mantiene silencio sobre los detalles de estas contrataciones, el gasto millonario en estudios demoscópicos ya comienza a abrir otro frente de cuestionamientos sobre prioridades y rendición de cuentas en la administración municipal.
