La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, presentó una iniciativa para aplazar la elección judicial prevista originalmente para 2027 y moverla al 4 de junio de 2028.
La propuesta contempla modificaciones al modelo impulsado por la llamada cuarta transformación, entre ellas la simplificación de boletas electorales, la reducción de candidaturas por cada Poder y la creación de una comisión de evaluación encargada de revisar perfiles y requisitos.
Desde Morena, el argumento central es que los ajustes permitirían hacer más viable y ordenado el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros, además de reducir complejidades técnicas y administrativas.
Sin embargo, la iniciativa ha provocado nuevas críticas de la oposición y especialistas, quienes consideran que el oficialismo sigue corrigiendo sobre la marcha una reforma judicial que fue presentada como una transformación estructural ya planeada y lista para implementarse.
Para sectores críticos, el aplazamiento y las modificaciones reflejan improvisación, falta de consenso y dificultades reales para aterrizar un modelo electoral judicial sin precedentes en México.
También persisten cuestionamientos sobre la creación de órganos de evaluación y filtros políticos que, según opositores, podrían terminar concentrando mayor control partidista sobre el Poder Judicial bajo el discurso de “democratización”.
La discusión se suma al creciente clima de polarización alrededor de la reforma judicial, considerada por simpatizantes de Morena como un cambio histórico contra privilegios judiciales, pero vista por detractores como un riesgo para la independencia de la justicia mexicana.
