El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, llamó a su partido a no permitir el ingreso ni la protección de personas vinculadas al crimen organizado dentro del movimiento de la Cuarta Transformación.

Sin embargo, las declaraciones provocaron críticas inmediatas desde sectores de oposición y redes sociales, donde usuarios y actores políticos respondieron que Morena debería comenzar por deslindarse del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado en distintas versiones y acusaciones relacionadas con presuntos nexos criminales.

“Que empiecen por aceptar la extradición a Estados Unidos del narcogobernador Rocha Moya”, fue una de las principales reacciones tras el posicionamiento de Monreal, evidenciando la presión política que enfrenta Morena por los constantes señalamientos sobre supuestos vínculos entre actores del oficialismo y grupos delictivos.

Aunque hasta el momento no existe una sentencia judicial contra Rocha Moya, el tema ha escalado en el debate público debido a investigaciones, filtraciones y declaraciones surgidas desde Estados Unidos, lo que ha sido aprovechado por la oposición para golpear políticamente al partido gobernante.

Las críticas también apuntan a la contradicción entre el discurso anticorrupción de Morena y la defensa política que, según adversarios, se ha brindado a funcionarios cuestionados. Para sectores opositores, el problema ya no es solo de percepción, sino de credibilidad institucional frente al avance del crimen organizado en espacios de poder.

Mientras Morena insiste en rechazar cualquier vínculo con actividades ilícitas y acusa campañas de desprestigio, el tema continúa profundizando la polarización política en el país y debilitando la narrativa de combate a la corrupción que impulsó al movimiento desde su llegada al poder.