Ciudad de México.- La reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para restringir la doble nacionalidad de quienes aspiren a la Presidencia de la República, gubernaturas o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México avanza en la Cámara de Diputados y coloca nuevamente sobre la mesa el debate sobre lealtad, soberanía e intereses extranjeros en los cargos de mayor poder político del país.
La propuesta plantea que quienes tengan otra nacionalidad deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos. Pero el cambio no se quedaría únicamente en el trámite de renuncia: también contempla restricciones durante el ejercicio del cargo.
De acuerdo con el proyecto, el Presidente, los gobernadores y el jefe o jefa de Gobierno de la CDMX no podrían adquirir o solicitar otra nacionalidad, utilizar pasaporte o documentos de identidad extranjeros, ejercer derechos políticos en otro país ni acogerse a su protección diplomática.
La iniciativa ha generado una fuerte discusión política. Desde Morena se sostiene que el objetivo es garantizar que quienes encabecen los poderes ejecutivos federal y estatales tengan como único interés la defensa de México. Sin embargo, desde la oposición se ha cuestionado que la propuesta pueda convertirse en una restricción innecesaria para mexicanos con doble nacionalidad.
Y hay un elemento que inevitablemente alimenta la polémica: la reforma llega después de que la propia presidenta Claudia Sheinbaum cuestionara públicamente la doble nacionalidad del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien actualmente radica en Estados Unidos y ha señalado que la iniciativa podría estar relacionada con su situación política.
Morena niega que exista una dedicatoria personal y Ricardo Monreal ha defendido la necesidad de establecer una regla clara para quienes aspiren a gobernar el país o una entidad federativa.
La propuesta busca que, para ocupar los cargos ejecutivos de mayor relevancia, no exista ninguna otra nacionalidad que pueda ser invocada frente a otro Estado. El tema ahora pasará por el debate legislativo, donde la oposición ya ha anticipado resistencias.
Y aunque el discurso oficial habla de proteger el interés nacional, la discusión promete convertirse también en una batalla sobre derechos políticos, migración, ciudadanía y las reglas que definirán quién puede gobernar México en los próximos procesos electorales.
