Ciudad de México.— La negociación entre el Gobierno federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) abrió un frente que va más allá de salarios, plazas y prestaciones: la posible reparación del daño a maestros que fueron perseguidos, sancionados o encarcelados durante la implementación de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto.
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, confirmó que el tema fue abordado durante las mesas de negociación con el magisterio disidente y aseguró que la petición “se está atendiendo”. El Gobierno federal informó que también se trabaja en mecanismos de justicia para docentes afectados por aquella reforma.
La declaración representa un giro político relevante. Durante años, la CNTE convirtió la reforma educativa en uno de sus principales motivos de movilización y denunció que su aplicación derivó en medidas de presión, procesos administrativos y acciones judiciales contra integrantes del magisterio.
Para el gobierno de Claudia Sheinbaum, atender esta demanda también significa marcar distancia con una de las políticas más controvertidas del sexenio de Peña Nieto.
La actual administración ha mantenido un discurso de reivindicación de los derechos laborales del magisterio y, en las negociaciones recientes, también ha planteado modificaciones al sistema de carrera docente y ampliación de plazas y horas.
El anuncio llega en medio de una negociación particularmente sensible. Tras las reuniones en Palacio Nacional, el Gobierno federal y la Sección 22 de la CNTE acordaron nuevas rutas de trabajo relacionadas con plazas, horas adicionales, becas, uniformes y otras demandas del magisterio.
