En menos de cuatro días, dos movimientos en las áreas de seguridad municipal de Puebla encendieron las alarmas y dejaron una pregunta incómoda sobre la mesa: ¿qué está pasando dentro de las corporaciones policiacas de los municipios poblanos?
Primero fue Atlixco, donde quien fuera responsable de la Seguridad Pública municipal terminó detenido y sujeto a prisión preventiva. Después, en Cuautlancingo, el encargado de la seguridad presentó su renuncia argumentando “motivos personales” y con carácter irrevocable.
Dos municipios distintos. Dos historias diferentes. Una misma área bajo sospecha: la seguridad pública.
El problema es que estos casos difícilmente pueden observarse como hechos aislados cuando ocurren prácticamente al mismo tiempo.
Durante años, los gobiernos municipales han presentado a sus secretarios de Seguridad como los responsables de garantizar la tranquilidad de los ciudadanos. Pero cuando alguno de ellos termina involucrado en un proceso penal o abandona repentinamente el cargo, aparece la pregunta elemental:
¿Quién los nombró? ¿Quién los evaluó? ¿Quién supervisó su desempeño?
Y sobre todo: ¿qué sabían los presidentes municipales?
La política del “yo no sabía”
El escenario más cómodo para cualquier alcalde sería decir que desconocía las actividades de sus funcionarios.
Pero esa explicación empieza a resultar insuficiente.
Los secretarios de Seguridad no son funcionarios menores. Manejan policías, información sensible, estrategias operativas y, en muchos casos, tienen acceso directo a decisiones que pueden impactar la seguridad y la vida de miles de ciudadanos.
Por eso, si existen indicios de que integrantes de una corporación estuvieron involucrados en actividades ilícitas, la responsabilidad política no debería terminar con la destitución o renuncia del funcionario de turno.
También debe revisarse quién lo contrató, quién lo mantuvo en el cargo y qué controles internos existían.
La seguridad municipal, bajo la lupa
El caso de Atlixco debe seguirse hasta sus últimas consecuencias judiciales y, en Cuautlancingo, la renuncia del responsable de Seguridad Pública también merece una explicación pública clara.
No se trata de afirmar que una renuncia sea prueba de algún delito. No lo es.
Pero cuando una salida ocurre en medio de un ambiente de cuestionamientos sobre las corporaciones municipales, la transparencia deja de ser opcional.
Los alcaldes tienen una obligación política: explicar qué está ocurriendo dentro de sus gobiernos.
Porque la seguridad pública no puede manejarse con silencios, comunicados burocráticos o funcionarios que desaparecen de la escena bajo el argumento de “motivos personales”.
El verdadero problema no es solamente quién está al frente de una Secretaría.
El problema es quién está detrás de ella.
Y si las corporaciones policiacas están contaminadas, habrá que saber desde cuándo, hasta dónde llegó esa contaminación y, sobre todo, quién permitió que avanzara.
Puebla necesita policías confiables, controles internos eficaces y alcaldes que asuman la responsabilidad de sus nombramientos.
Lo que no necesita es una cadena de funcionarios que renuncian, son detenidos o son sustituidos mientras sus jefes políticos simplemente miran hacia otro lado y aseguran que no sabían nada.
Porque en seguridad pública, la ignorancia del alcalde no puede convertirse en su principal coartada.
