Puebla, Pue. El manejo de los recursos destinados a emergencias volvió al centro del debate político luego de que la diputada del PRI, Delfina Pozos Vergara, exigiera sanciones contra funcionarios del Ayuntamiento de Puebla por el presunto retraso en la aplicación de los lineamientos del Plan de Desastres.
La legisladora sostuvo que la falta de reglas claras para ejercer estos recursos representa una omisión que podría haber afectado la capacidad de respuesta del municipio ante contingencias, por lo que pidió investigar y castigar a los responsables.
La polémica surgió después de que el tesorero municipal reconociera la existencia de 31 millones de pesos destinados a un fondo de emergencia, aunque admitió que no existían lineamientos definidos para su utilización, situación que ha generado cuestionamientos sobre la planeación y administración de esos recursos.
Para la bancada priista, esta situación evidencia una presunta negligencia administrativa, al considerar que no basta con contar con recursos disponibles si no existen mecanismos que permitan ejercerlos de manera inmediata cuando la población enfrenta fenómenos naturales o situaciones de riesgo.
El señalamiento también incrementa la presión sobre el gobierno municipal encabezado por José Chedraui Budib, que ha enfrentado críticas por su respuesta ante las recientes lluvias y otros problemas relacionados con la infraestructura urbana.
Mientras el Ayuntamiento deberá aclarar las observaciones sobre el fondo de emergencia, el caso abre un nuevo frente político sobre la capacidad de la administración municipal para planear, transparentar y ejecutar recursos destinados a proteger a la ciudadanía en momentos de crisis.








