El senador del PAN, Ricardo Anaya Cortés, pidió al Gobierno federal emprender acciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al considerar que los señalamientos que pesan sobre su administración ameritan una respuesta institucional.
El posicionamiento del legislador panista incrementa la presión política sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, en un contexto donde la estrategia de seguridad y la situación en Sinaloa continúan bajo el escrutinio de la oposición y de diversos sectores de la sociedad.
Para Acción Nacional, no basta con deslindarse políticamente de los casos que generan controversia; sostiene que las autoridades deben investigar y, en caso de existir elementos suficientes, proceder conforme a derecho, sin importar el cargo o la filiación política de los involucrados.
El llamado de Ricardo Anaya también reaviva el debate sobre la aplicación de la justicia sin distinciones partidistas. Mientras la oposición exige una actuación firme, el Gobierno federal enfrenta el reto de demostrar que las investigaciones se conducen con autonomía, sin presiones políticas ni criterios selectivos.
Más allá de la confrontación entre Morena y el PAN, el caso vuelve a colocar sobre la mesa una demanda recurrente de la ciudadanía: que cualquier señalamiento contra un servidor o exservidor público sea esclarecido mediante investigaciones imparciales, con pruebas y apego al debido proceso, evitando que la justicia se convierta en un instrumento de disputa política.
