Las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la posibilidad de discutir una regulación para las redes sociales y la Inteligencia Artificial una vez concluido el Mundial han encendido un debate que debería preocupar a cualquier ciudadano que valore la libertad de expresión.
El argumento oficial gira en torno al combate a la desinformación, la manipulación digital y el uso indebido de herramientas de Inteligencia Artificial. Sobre el papel, pocos podrían oponerse a la necesidad de enfrentar campañas de engaño, suplantaciones o contenidos falsificados. El problema surge cuando se analiza quién definirá qué es información legítima y qué constituye manipulación.
La historia demuestra que los gobiernos, independientemente de su ideología, suelen sentirse incómodos frente a espacios que no pueden controlar. Las redes sociales han transformado el flujo de información y han permitido que ciudadanos, periodistas independientes y críticos del poder tengan un alcance que antes estaba reservado para grandes medios y estructuras políticas.
Por ello, cualquier propuesta de regulación merece un escrutinio riguroso. El riesgo no está necesariamente en la existencia de reglas, sino en que estas puedan convertirse en herramientas para limitar voces incómodas, presionar plataformas o establecer mecanismos de vigilancia sobre el debate público.
La preocupación aumenta en un contexto de fuerte polarización política. Cuando un gobierno concentra poder político y, al mismo tiempo, busca participar en la definición de los límites del discurso digital, surgen preguntas legítimas sobre los contrapesos institucionales que impedirían abusos.
México enfrenta un desafío real: cómo combatir la desinformación sin vulnerar la libertad de expresión. La respuesta no puede ser otorgar al poder político la facultad de convertirse en árbitro absoluto de la verdad. En una democracia, la solución debe construirse con transparencia, participación ciudadana, supervisión independiente y garantías sólidas para evitar cualquier intento de censura, directa o indirecta.
El debate apenas comienza, pero una cosa es clara: cualquier regulación que afecte las redes sociales o la Inteligencia Artificial deberá demostrar que protege a los ciudadanos sin limitar su derecho a cuestionar, criticar y fiscalizar a quienes ejercen el poder. De lo contrario, el riesgo de que la regulación sea percibida como una “ley mordaza digital” será inevitable.
