Puebla, Pue.- La explosión de pipas de gas LP en una presunta bodega clandestina de Tepeaca no sólo exhibió la operación de redes ligadas al robo y almacenamiento ilegal de combustible, sino también las fallas de vigilancia de las corporaciones encargadas de combatir este delito. La propia Secretaría de Seguridad Pública estatal reconoció que sus elementos no estaban cumpliendo adecuadamente con su labor.
El vicealmirante Francisco Sánchez González, titular de la dependencia, confirmó la destitución del director de Seguridad Pública de Tepeaca, el teniente de fragata Víctor Alfonso Manteca Campos, así como el relevo de todo el personal bajo su responsabilidad, tras considerar inadmisible que una actividad de esa magnitud pasara desapercibida para las autoridades.
“Yo soy el primero en aceptar que mi personal no estaba haciendo bien su trabajo. Porque si esta actividad sucede en un lugar que no es tan grande, entonces, ¿para qué estamos ahí?”, declaró el funcionario estatal al anunciar las medidas correctivas.
Las declaraciones representan un reconocimiento poco común dentro de las instituciones de seguridad, donde generalmente los errores operativos suelen atribuirse a factores externos. En esta ocasión, la propia SSP admitió que hubo omisiones que permitieron la operación de una instalación clandestina donde se almacenaban pipas de gas LP, situación que derivó en una explosión que, según autoridades, pudo convertirse en una tragedia de mayores dimensiones.
El caso cobra especial relevancia porque durante meses habitantes de Tepeaca habían denunciado públicamente una presunta colusión entre elementos de seguridad municipal y grupos dedicados al robo de hidrocarburos y gas. Aunque hasta el momento no se han presentado pruebas oficiales que acrediten dichas acusaciones, la decisión de remover a todo el personal asignado al municipio alimenta las dudas sobre el nivel de conocimiento que las autoridades tenían respecto a estas operaciones.
La situación también representa un golpe para la estrategia de seguridad implementada por el gobierno estatal en varios municipios, donde mandos con formación militar fueron incorporados con el argumento de fortalecer el combate a la delincuencia y recuperar la confianza ciudadana.
La pregunta que surge tras la explosión es inevitable: si una bodega clandestina con pipas de gas operaba en una zona donde los vecinos aseguraban haber detectado movimientos sospechosos desde tiempo atrás, ¿cómo pasó desapercibida para quienes tenían la responsabilidad de vigilar y prevenir este tipo de actividades?
Por ahora, la SSP intenta enviar un mensaje de cero tolerancia mediante la remoción de mandos y elementos. Sin embargo, el episodio deja al descubierto que el problema del huachigas y las redes criminales asociadas continúa representando uno de los principales desafíos para las autoridades en la región de Tepeaca, históricamente señalada como un punto estratégico para el robo y comercialización ilegal de combustibles.
Más allá de los relevos anunciados, el caso pone sobre la mesa una exigencia ciudadana recurrente: que las sanciones no se limiten a cambios de personal y que las investigaciones determinen si hubo negligencia, omisión o incluso complicidad de funcionarios encargados de garantizar la seguridad en el municipio.
