Empresarios de San Andrés Cholula señalaron al delegado de Bienestar, Raymundo Cuautli, de presuntamente exigir más de 300 mil pesos para impulsar un supuesto proyecto político personal.
De acuerdo con las acusaciones, el funcionario habría presumido contar con vínculos políticos y respaldo directo del gobernador electo Alejandro Armenta, lo que habría utilizado como argumento para buscar apoyo económico entre empresarios de la región.
Las denuncias han comenzado a generar polémica en el ámbito político local, debido a que nuevamente surgen señalamientos sobre el posible uso de cargos públicos y estructuras gubernamentales para construir plataformas electorales anticipadas, una práctica que distintos partidos han criticado históricamente… aunque suele repetirse sexenio tras sexenio.
Hasta el momento, no se ha informado sobre una investigación formal ni sobre una postura oficial detallada del área de Bienestar respecto a las acusaciones. Sin embargo, el caso ya comenzó a alimentar críticas sobre presuntos actos de presión política y posibles abusos de poder dentro de estructuras ligadas a la llamada “4T”.
La polémica también golpea el discurso de austeridad y combate a la corrupción que Morena ha defendido públicamente, mientras continúan apareciendo denuncias sobre operadores políticos, financiamiento irregular y presuntas cuotas económicas disfrazadas de “apoyos” para proyectos políticos locales.
