Blanca Yassahara Cruz García, próxima presidenta interina del Instituto Nacional Electoral (INE), enfrenta cuestionamientos por un contrato de 129.7 millones de pesos que avaló en marzo de 2024, cuando presidía el Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE), con la empresa Comercializadora JVLY, señalada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De acuerdo con información difundida por Ricardo Juárez, del medio La Redacción, el contrato tuvo como propósito suministrar urnas, mamparas y otros materiales utilizados durante el proceso electoral de Puebla de 2024, en el que Alejandro Armenta obtuvo la gubernatura.
El caso adquiere relevancia ante la próxima llegada de Cruz García a la presidencia interina del INE, organismo responsable de organizar y supervisar los procesos electorales federales, debido a los cuestionamientos relacionados con la contratación de proveedores y el manejo de recursos públicos.
Además, Comercializadora JVLY habría recibido contratos millonarios del propio INE durante la gestión de Guadalupe Taddei, lo que coloca bajo escrutinio la relación de las autoridades electorales con dicha empresa y los mecanismos utilizados para adjudicar estos servicios.
Los señalamientos plantean la necesidad de esclarecer las observaciones de la ASF, precisar si existen irregularidades acreditadas y determinar, en su caso, las responsabilidades correspondientes. La existencia de observaciones o señalamientos de fiscalización no constituye, por sí misma, prueba de responsabilidad administrativa o penal.
En este contexto, la transparencia en las contrataciones y la rendición de cuentas adquieren especial relevancia para una institución cuya credibilidad depende, en buena medida, de la confianza ciudadana en la imparcialidad y legalidad de sus procedimientos.
