Tijuana.- Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, rechazó los señalamientos formulados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo incluyó entre las personas sancionadas por presuntos vínculos con una red del Cártel de Sinaloa.
Torres afirmó que “niego cualquier relación con grupo o actividad criminal alguna” y anunció que iniciará gestiones ante la OFAC y otras autoridades estadounidenses para aclarar su inclusión en la lista de sancionados.
En su posicionamiento, el exfuncionario aseguró que la única empresa mencionada por la autoridad estadounidense de la que es accionista es Vida Orgánica Tijuana, con una participación del 30 por ciento. También sostuvo que dicha empresa registra ventas mensuales promedio de 570 mil pesos.
Torres señaló además que los señalamientos en su contra habrían comenzado con denuncias anónimas presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) en 2025, y afirmó que hasta ahora no ha sido citado a comparecer ante alguna autoridad para esclarecer las acusaciones.
Sin embargo, la versión del exesposo de la gobernadora contrasta con el señalamiento oficial de Estados Unidos. En su comunicado del 29 de septiembre, el Departamento del Tesoro identificó a Torres como un supuesto operador político vinculado con Los Mayitos y señaló que habría recibido pagos mensuales para permitir que el grupo criminal operara con relativa impunidad en Baja California. La dependencia estadounidense también incluyó a Vida Orgánica Tijuana entre las entidades sancionadas.
Torres rechazó categóricamente esas acusaciones y sostuvo que es “el más interesado” en que concluyan las diligencias correspondientes para demostrar, según su versión, que no tiene relación con los hechos señalados por las autoridades estadounidenses.
El caso también alcanzó políticamente a Marina del Pilar, quien actualmente se encuentra divorciada de Torres y cuyo nombre no aparece entre las personas sancionadas por la OFAC. El gobierno de Baja California afirmó que ambos únicamente comparten el interés por el bienestar de su hijo.
La controversia queda ahora entre dos versiones: por un lado, las acusaciones y sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos; por otro, la negativa de Torres, quien anunció que buscará ante las autoridades estadounidenses que se revise y aclare su inclusión en la lista.
La sanción de OFAC, por sí misma, no equivale a una sentencia penal, por lo que cualquier responsabilidad criminal deberá determinarse mediante los procedimientos legales correspondientes.
