El empresario Carlos Talavera reconoció que el nuevo tianguis de autos funciona en un predio que actualmente se encuentra en litigio y que, además, los permisos necesarios para su operación aún están en trámite, situación que ha generado cuestionamientos sobre la legalidad del proyecto.
Durante sus declaraciones, Talavera admitió que el inmueble no cuenta con escrituras a su nombre, sino únicamente con un contrato de compra, por lo que la situación jurídica del terreno permanece sin resolverse de manera definitiva.
Pese a ello, defendió la ubicación del tianguis al argumentar que fue elegida porque “pasa la carretera”, señalando que la conectividad del sitio representa una ventaja para la actividad comercial.
Las declaraciones han encendido el debate sobre la aplicación de la ley en materia de desarrollo urbano y funcionamiento de establecimientos comerciales. Críticos cuestionan que un proyecto de estas dimensiones pueda iniciar operaciones mientras enfrenta incertidumbre jurídica sobre la propiedad del predio y carece de todos los permisos concluidos.
El caso también pone bajo la lupa la actuación de las autoridades municipales y estatales encargadas de verificar el cumplimiento de la normatividad, pues la operación de un centro comercial de esta naturaleza suele requerir autorizaciones en materia de uso de suelo, protección civil, impacto vial y otros requisitos administrativos.
La controversia abre interrogantes sobre si el proyecto podrá regularizar su situación o si las autoridades emprenderán acciones para garantizar que cualquier actividad comercial se desarrolle conforme al marco legal, evitando privilegios o excepciones que puedan generar un trato desigual frente a otros ciudadanos y empresarios.
