Voluntarios y cuerpos de emergencia mantienen la búsqueda de sobrevivientes tras el devastador terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia, mientras el gobierno de Abelardo de la Espriella enfrenta su primera gran prueba de capacidad y coordinación.
La tragedia no da tregua en Colombia. Mientras equipos de rescate, bomberos y voluntarios continúan removiendo toneladas de escombros en busca de personas con vida, el país enfrenta una emergencia que ya dejó cientos de muertos, miles de heridos y miles de familias afectadas. El último balance reportado ubicó en 265 las víctimas mortales, 3 mil 494 los heridos y casi 500 los desaparecidos.
En medio del desastre, el presidente Abelardo de la Espriella, recién llegado al poder, anunció la declaratoria de emergencia económica para enfrentar las consecuencias del sismo y acelerar la reconstrucción. La medida le permite al Ejecutivo adoptar decisiones presupuestales extraordinarias y establecer medidas tributarias para obtener recursos destinados a la atención de la emergencia.
Y aquí comienza el verdadero debate político.
Porque una emergencia económica puede ser una herramienta necesaria frente a una catástrofe de semejante magnitud, pero también concentra un enorme margen de maniobra en el Ejecutivo. Cuando el Congreso queda temporalmente al margen de determinadas decisiones económicas, la vigilancia, la transparencia y la rendición de cuentas se vuelven todavía más importantes.
De la Espriella enfrenta así su primera gran prueba de gobierno: no basta con anunciar recursos, fondos extraordinarios o reconstrucción. Habrá que demostrar que cada peso llegue a quienes perdieron sus casas, sus negocios y, sobre todo, a quienes todavía esperan que sus familiares sean encontrados.
El gobierno anunció además la creación del llamado “Fondo Milagro”, destinado a canalizar recursos para la reconstrucción y atención de las zonas devastadas.
La tragedia también ha puesto bajo la lupa la capacidad de coordinación del nuevo gobierno. Medios y sectores políticos han cuestionado la respuesta inicial y la gestión de la ayuda internacional, en un momento particularmente delicado por tratarse de una administración que apenas comienza funciones.
Colombia no necesita discursos heroicos ni cheques en blanco: necesita rescates, hospitales, alimentos, vivienda y una reconstrucción transparente.
El terremoto derrumbó edificios, pero también coloca frente al nuevo gobierno un desafío político monumental. Si la emergencia económica se convierte en una herramienta para reconstruir Colombia, tendrá sentido. Si termina convirtiéndose en una vía para gobernar sin contrapesos, la tragedia habrá abierto otro problema: el de la concentración del poder en nombre de la emergencia.
Mientras los políticos hacen cuentas, los rescatistas siguen haciendo lo verdaderamente urgente: buscar vida entre los escombros.
