La diputada federal del PAN señaló que los comentarios de Nay Salvatori y Grace Palomares forman parte de una conducta recurrente y acusó al partido guinda de utilizar a este sector únicamente con fines electorales.
La diputada federal Genoveva Huerta Villegas arremetió contra Morena luego de la polémica generada por las expresiones de las diputadas locales poblanas Nay Salvatori y Grace Palomares, al señalar que los comentarios hacia adultos mayores no representan un hecho aislado, sino una muestra de lo que calificó como una falta de respeto sistemática hacia este sector de la población.
La legisladora panista afirmó que las declaraciones de las morenistas reflejan, desde su perspectiva, una postura más amplia dentro del partido oficialista y sostuvo que las personas adultas mayores son utilizadas como un “botín político” mediante programas sociales, pero sin un reconocimiento real a su dignidad.
Para respaldar sus señalamientos, Huerta recordó el caso de la alcaldesa de Huimanguillo, Tabasco, Mariluz Velázquez Jiménez, a quien atribuyó expresiones en las que recriminaba a adultos mayores bajo el argumento de que “ya van de salida”.
Asimismo, mencionó un episodio ocurrido en 2022 durante una sesión virtual de la Cámara de Diputados, cuando legisladores de Morena fueron señalados por referirse al entonces diputado Augusto Gómez Villanueva con expresiones despectivas relacionadas con su edad.
La diputada federal consideró que estos episodios evidencian una contradicción entre el discurso público de Morena sobre apoyo a sectores vulnerables y lo que, a su juicio, son actitudes de algunos de sus representantes.
Las declaraciones se dan en medio de la crisis política generada por la controversia protagonizada por Nay Salvatori y Grace Palomares, quienes fueron cuestionadas por comentarios considerados ofensivos hacia hombres mayores. Mientras Salvatori ofreció una disculpa pública y anunció cambios en su contenido digital, la dirigencia nacional de Morena abrió la discusión sobre posibles sanciones partidistas.
El conflicto ha escalado a un nuevo debate político sobre los límites de la comunicación de los representantes populares, la responsabilidad de los funcionarios públicos en sus expresiones y el respeto hacia grupos considerados vulnerables.
