La FGR decidió reservar durante cinco años la información relacionada con el interrogatorio realizado al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, bajo el argumento de que su divulgación representa un riesgo para la seguridad nacional.
La decisión, al tratarse de información generada por una autoridad pública, abre un nuevo frente de cuestionamientos alrededor del caso. Si, como se ha sostenido públicamente, no existen elementos que involucren a Rocha Moya, ¿por qué la Fiscalía considera que revelar el contenido del interrogatorio podría comprometer la seguridad nacional?
La reserva no demuestra por sí misma la existencia de irregularidades ni constituye una acusación contra el gobernador. Sin embargo, sí alimenta las dudas sobre qué información contiene el expediente y por qué la ciudadanía tendrá que esperar hasta cinco años para conocerla.
En un caso marcado por señalamientos, investigaciones y presiones políticas, el argumento de “seguridad nacional” puede resultar insuficiente para disipar las sospechas.
