La decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de proceder contra el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, por presuntamente proporcionar información falsa sobre el caso de Ismael “El Mayo” Zambada, marca un nuevo episodio en el deterioro de la relación bilateral y coloca el conflicto en el terreno político y diplomático.
De acuerdo con la FGR, el exdiplomático habría incurrido en declaraciones falsas respecto a la operación que culminó con el traslado de “El Mayo” Zambada a territorio estadounidense, un hecho que México sostiene continúa rodeado de inconsistencias y falta de cooperación por parte de las autoridades norteamericanas. La Fiscalía incluso acusó a agencias estadounidenses de entregar información parcial e insuficiente durante las investigaciones.
Sin embargo, el anuncio también abre una interrogante política: ¿por qué este caso adquiere tal fuerza justo cuando la relación entre ambos gobiernos atraviesa uno de sus momentos más delicados?
Durante su gestión como embajador, Ken Salazar fue una de las voces más activas de Washington en temas de seguridad, combate al narcotráfico y presuntos vínculos entre grupos criminales y actores políticos mexicanos. Sus declaraciones generaron constantes incomodidades dentro de la clase política nacional, particularmente cuando cuestionó la estrategia de seguridad del gobierno mexicano.
Ahora, la narrativa parece haberse invertido.
Mientras Estados Unidos incrementa la presión sobre funcionarios mexicanos señalados por posibles nexos con organizaciones criminales, el gobierno mexicano responde colocando bajo la lupa a quien fuera el principal representante diplomático estadounidense en el país.
El mensaje político es evidente: México busca demostrar que también puede exigir responsabilidades cuando considera que se vulneró su soberanía o se ocultó información relevante en investigaciones binacionales.
No obstante, especialistas advierten que el caso difícilmente derivará en consecuencias penales directas para el exembajador debido a las implicaciones del derecho internacional y la inmunidad relacionada con el ejercicio de funciones diplomáticas. En ese contexto, el impacto parece orientarse más hacia el terreno político que al judicial.
Por su parte, Ken Salazar rechazó las acusaciones y aseguró que ni el gobierno estadounidense, ni el FBI, ni la Embajada participaron en la operación que trasladó a “El Mayo” Zambada, insistiendo en que Estados Unidos no ocultó información a las autoridades mexicanas.
Más allá del expediente jurídico, el caso confirma que la cooperación entre ambos países atraviesa una etapa de creciente desconfianza. La seguridad dejó de ser únicamente un asunto de coordinación bilateral para convertirse en un frente de disputa política, donde cada gobierno busca fortalecer su narrativa frente a la opinión pública.
La ofensiva de la FGR contra Ken Salazar no solo revive el debate sobre el polémico traslado de “El Mayo” Zambada; también refleja un cambio en la estrategia política de México: responder públicamente a las presiones provenientes de Washington y colocar sobre la mesa el principio de reciprocidad en una relación que, hasta hace poco, parecía marcada por reclamos en un solo sentido.
