El Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla está a la espera de una reforma a la Constitución local que le permita firmar convenios de colaboración con la Fiscalía General del Estado y acceder a información que ayude a verificar los perfiles de quienes busquen contender por un cargo de elección popular en 2027.
La presidenta provisional del organismo, Mariana Ceballos, informó que el objetivo es contar con herramientas legales que permitan descartar posibles vínculos delictivos entre las personas aspirantes a candidaturas.
La medida forma parte de los esfuerzos para fortalecer los mecanismos de control y transparencia en los procesos electorales, en medio de una creciente preocupación nacional por la posible infiltración de grupos criminales en la vida política y electoral.
De concretarse la reforma constitucional, el IEE podría establecer canales formales de intercambio de información con la Fiscalía General del Estado de Puebla, lo que permitiría realizar revisiones más exhaustivas sobre los antecedentes de quienes pretendan competir por cargos públicos.
El planteamiento también abre el debate sobre los alcances de estas revisiones, los derechos de los aspirantes y las garantías de protección de datos personales, aspectos que deberán quedar claramente definidos en el marco jurídico que eventualmente apruebe el Congreso local.
A menos de dos años del proceso electoral de 2027, las autoridades electorales buscan fortalecer los filtros de elegibilidad para evitar que perfiles relacionados con actividades ilícitas logren acceder a candidaturas, en un contexto donde la integridad de las instituciones democráticas se ha convertido en una de las principales exigencias ciudadanas.
