La presencia de material promocional relacionado con la diputada federal Liliana Ortiz Pérez en la Avenida Juárez de Puebla generó cuestionamientos y reavivó el debate sobre los límites entre la promoción personal y la actividad política fuera de los tiempos electorales.
Diversos actores y usuarios en redes sociales señalaron que la legisladora estaría aprovechando el ambiente generado por la Copa Mundial de Futbol para fortalecer su posicionamiento público, mediante la distribución de artículos con una imagen vinculada al deporte y a su figura política.
Las críticas no se centraron únicamente en la actividad realizada, sino en la aparente disparidad de criterios con los que suelen juzgarse este tipo de acciones dependiendo del partido político involucrado. Algunos cuestionaron si la promoción personalizada es objeto de señalamientos únicamente cuando proviene de Morena o si las mismas reglas deben aplicarse a representantes de la oposición.
La polémica también ocurre en medio de las especulaciones sobre las posibles aspiraciones políticas de distintos perfiles del PAN rumbo a los próximos procesos electorales. Entre ellos, el nombre de Genoveva Huerta Villegas ha sido mencionado como una de las figuras con presencia dentro del panismo poblano, lo que ha alimentado versiones sobre una eventual competencia interna por futuras candidaturas.
Hasta el momento no existe información pública sobre alguna denuncia formal ante autoridades electorales relacionada con esta actividad. Tampoco se ha emitido una determinación oficial que establezca que la acción constituya un acto anticipado de campaña o una infracción a la normativa electoral.
Sin embargo, el episodio vuelve a poner sobre la mesa una discusión recurrente en la política mexicana: cuándo una actividad de acercamiento ciudadano forma parte del trabajo de representación y cuándo comienza a convertirse en una estrategia de posicionamiento electoral.
A medida que se acerca el proceso de 2027, es probable que este tipo de acciones sean observadas con mayor atención por adversarios políticos, autoridades electorales y ciudadanía. Porque en tiempos de alta competencia política, cualquier acto público puede interpretarse no solo como una actividad institucional, sino como el primer movimiento de una campaña que aún no comienza oficialmente.
