La bancada de Movimiento Ciudadano elevó la presión política contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al impulsar formalmente una solicitud de juicio político en el Congreso de la Unión por los señalamientos surgidos desde Estados Unidos sobre presuntos nexos con el narcotráfico.
Durante la sesión de la Comisión Permanente, el diputado naranja Pablo Vázquez Ahued pidió incluir el tema dentro del próximo periodo extraordinario para abrir el debate legislativo y revisar la situación del mandatario sinaloense.
Sin embargo, Morena y sus aliados votaron en contra de discutir la propuesta, decisión que Movimiento Ciudadano calificó como un intento de blindaje político para proteger a uno de los perfiles más cuestionados del oficialismo.
El caso de Rocha Moya se ha convertido en uno de los focos más incómodos para Morena, especialmente tras las versiones y presiones derivadas de señalamientos provenientes de Estados Unidos. Aunque no existe una sentencia judicial en su contra, el tema ya escaló a confrontación nacional y amenaza con convertirse en un costo político permanente para el partido gobernante.
Desde Movimiento Ciudadano, el discurso fue claro: el Congreso no puede ignorar acusaciones de esta magnitud mientras el país enfrenta una crisis de violencia y desconfianza hacia las instituciones.
En contraste, Morena insiste en que no se puede proceder políticamente sólo por señalamientos mediáticos o presiones externas, argumento que la oposición interpreta como una estrategia para cerrar filas y evitar que el tema llegue al pleno.
Así, el juicio político contra Rocha Moya pasó de ser una propuesta aislada a convertirse en un nuevo campo de batalla entre oficialismo y oposición, donde narcotráfico, poder y control político vuelven a mezclarse en el centro del debate nacional.
