La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, entregaron al Senado una iniciativa que busca aplazar la elección judicial hasta el 1 de junio de 2028, en una decisión que ya desató cuestionamientos sobre el rumbo de la controvertida reforma impulsada por el oficialismo.
La propuesta también contempla reforzar los mecanismos de selección de candidaturas, argumento con el que el bloque gobernante intenta justificar el retraso de un proceso que Morena había presentado como “histórico” y prioritario para transformar al Poder Judicial.
El aplazamiento ha generado críticas entre opositores y especialistas, quienes señalan que el gobierno estaría reconociendo, de manera indirecta, las fallas, improvisaciones y falta de consenso que rodearon desde el inicio a la reforma judicial.
Para distintos sectores políticos, el cambio de fecha evidencia que el oficialismo no logró construir condiciones claras ni reglas confiables para una elección de jueces y magistrados que prometía ser inmediata. Ahora, el nuevo horizonte hasta 2028 abre dudas sobre si la reforma realmente busca fortalecer la justicia o mantener el control político sobre el proceso.
La iniciativa llega además en un momento donde Morena enfrenta crecientes tensiones internas y cuestionamientos por la concentración de poder, mientras el debate sobre la autonomía judicial continúa polarizando al país.
