La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, aseguró que “se ha levantado todo el aparato del poder” en su contra, luego de revelar que recibió un nuevo citatorio derivado de una denuncia presentada por el exgobernador Javier Corral.
La mandataria panista afirmó que, pese a las audiencias y procesos legales que enfrenta, su administración continuará trabajando y entregando resultados para las familias chihuahuenses. Sin embargo, sus declaraciones encendieron nuevamente el debate sobre el presunto uso político de las instituciones judiciales y fiscales en medio de la creciente polarización nacional.
Campos insinuó que detrás de los procedimientos existe una estrategia de presión política impulsada desde sectores cercanos al oficialismo, especialmente ahora que Morena ha intensificado su ofensiva contra gobiernos estatales de oposición. La tensión aumentó luego de que dirigentes morenistas también impulsaran solicitudes de juicio político contra la gobernadora.
Desde la oposición, líderes panistas denunciaron que el gobierno federal y Morena buscan desgastar a figuras incómodas utilizando denuncias, investigaciones y presión mediática, mientras presuntos escándalos vinculados a personajes del oficialismo reciben un trato mucho más indulgente.
Por su parte, simpatizantes de Morena sostienen que cualquier señalamiento debe investigarse sin privilegios políticos y rechazan que los procesos judiciales puedan calificarse automáticamente como persecución.
El caso de Maru Campos vuelve a reflejar el clima de confrontación que domina la política mexicana, donde cada proceso legal termina convertido en una batalla narrativa entre “justicia” y “persecución política”.
