La presión internacional sobre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, volvió a escalar luego de que Terrance Cole, encargado de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), advirtiera que las acusaciones contra el mandatario “son sólo el comienzo”, en una declaración que encendió las alertas políticas y judiciales a ambos lados de la frontera.
Las palabras del funcionario estadounidense no sólo representan un golpe mediático para el morenismo, sino también una señal de que Washington mantiene la mira puesta sobre las presuntas redes de protección política vinculadas al crimen organizado en México.
Mientras el gobierno federal insiste en cerrar filas y minimizar los señalamientos, la DEA dejó claro que las investigaciones no terminan con Rocha Moya y que podrían alcanzar a más funcionarios, operadores políticos y estructuras de poder presuntamente relacionadas con grupos criminales.
La declaración ocurre en medio de un clima de violencia creciente en Sinaloa, desapariciones, disputas entre facciones del narcotráfico y una crisis de credibilidad para las autoridades estatales, cada vez más cuestionadas por la falta de resultados en seguridad.
Desde sectores de oposición se acusa que Morena ha convertido el discurso de “abrazos, no balazos” en una política de permisividad que permitió el fortalecimiento territorial y político de grupos criminales. Para críticos del gobierno, el mensaje de la DEA exhibe lo que durante años se intentó negar: la sospecha de una peligrosa cercanía entre el poder político y el narcotráfico.
Hasta ahora, ni Rocha Moya ni el gobierno federal han logrado disipar las dudas. Por el contrario, cada nueva declaración desde Estados Unidos profundiza la percepción de que el caso podría escalar a dimensiones internacionales con consecuencias políticas impredecibles.
La frase de Terrance Cole retumbó con fuerza en el escenario nacional: “es sólo el comienzo”. Y en Sinaloa, muchos comienzan a preguntarse quién sigue.
