El gobierno de Claudia Sheinbaum volvió a encender la polémica nacional tras reconocer públicamente que funcionarios de la Secretaría de Gobernación acudieron a Guerrero para dialogar con líderes de grupos armados en Chilapa y negociar condiciones para permitir el ingreso del Ejército Mexicano.
El comunicado oficial, lejos de transmitir control y autoridad, exhibe a un Estado debilitado, obligado a pedir condiciones a organizaciones que mantienen comunidades enteras bajo violencia, desplazamientos y terror.
La administración federal intentó presentar la reunión como un esfuerzo de pacificación; sin embargo, para amplios sectores de la sociedad el mensaje es devastador: en ciertas regiones del país ya no manda el gobierno, mandan los grupos criminales.
El documento confirma que el subsecretario César Yáñez Centeno sostuvo conversaciones con “los líderes de ambos grupos en conflicto” para destrabar bloqueos y permitir la entrada de las Fuerzas Armadas. La pregunta que surgió inmediatamente en redes y círculos políticos fue contundente: ¿desde cuándo el Ejército necesita autorización del crimen organizado para entrar a territorio mexicano?
La escena resulta especialmente grave porque ocurre mientras Morena continúa defendiendo una estrategia de seguridad basada en el discurso de “abrazos, no balazos”, una política que prometió pacificar al país pero que hoy deja imágenes de pueblos desplazados, carreteras controladas por civiles armados y autoridades negociando con quienes han sembrado miedo durante años.
Críticos del gobierno consideran que este episodio confirma el fracaso de la política federal de seguridad y evidencia una peligrosa normalización de la negociación con estructuras criminales. Lo que antes habría sido escándalo nacional hoy se presenta en un comunicado oficial casi como un procedimiento administrativo más.
Mientras tanto, las víctimas siguen acumulándose. Familias enteras han tenido que abandonar sus hogares en Guerrero, comunidades viven sitiadas y los ciudadanos observan cómo el Estado parece incapaz de garantizar algo tan básico como el libre tránsito y la seguridad.
El gobierno insiste en que busca evitar más violencia. Pero para millones de mexicanos, el problema ya no es sólo la inseguridad: es la sensación de que el poder público comenzó a ceder terreno frente al crimen organizado.
Y cada vez que un funcionario federal se sienta a negociar con grupos armados para “restablecer el orden”, la línea entre gobernar y claudicar parece volverse más delgada.
