– Comisión Permanente recibe propuestas legislativas en materia de educación, salud y protección a pueblos indígenas
Las diputadas Susana del Carmen Riestra Piña, Norma Estela Pimentel Méndez, Esther Martínez Romano, Laura Guadalupe Vargas Vargas, Xel Arianna Hernández García y María Fernanda de la Barreda Angon, presentaron de forma conjunta dos iniciativas de Ley que tienen como finalidad prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño en el delito de feminicidio.
Una de las iniciativas es para expedir la Ley para la Actuación Estatal Integral frente al Feminicidio y la Protección de sus Víctimas en el Estado de Puebla, la cual tiene por objeto establecer las bases de coordinación, actuación, atención integral, acceso a la justicia, reparación y seguimiento institucional frente al feminicidio, a fin de garantizar la protección más amplia de los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas.
De acuerdo con la propuesta, el Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán el ejercicio pleno del derecho de las mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de violencia, mediante acciones de prevención, protección, atención, investigación, sanción, reparación integral y garantías de no repetición, con perspectiva de género, debida diligencia reforzada, enfoque diferencial y máxima protección.
La segunda iniciativa es para expedir la Ley para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño en el Delito de Feminicidio en el Estado de Puebla, tiene como finalidad garantizar el ejercicio pleno del derecho de las mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de violencia, mediante la actuación permanente de las autoridades para eliminar prácticas discriminatorias y patrones socioculturales basados en estereotipos de género.
Ambas iniciativas fueron turnadas a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.
Por otra parte, la diputada Elisa Limon Balderrabano presentó una iniciativa para expedir la Ley de Responsabilidad y Reparación del Daño por Maltrato Animal del Estado de Puebla, con el propósito de contar con un marco jurídico claro, especializado y eficaz que permita regular la responsabilidad derivada de actos u omisiones que constituyan maltrato o crueldad animal, así como garantizar la reparación integral del daño causado.
A través de esta Ley, se busca que las acciones institucionales en materia de protección animal incorporen mecanismos efectivos de responsabilidad, asegurando que no solo se sancionen las conductas de maltrato, sino que también se atiendan sus consecuencias mediante la recuperación, rehabilitación y resguardo de los animales afectados.
La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático para su estudio y resolución procedente.
Asimismo, la legisladora presentó una iniciativa para reconocer a la Lengua Véneto-Chipileña como Patrimonio Cultural del Estado de Puebla, pues representa uno de los patrimonios lingüísticos y culturales más singulares del Estado de Puebla y de México. Esta propuesta será analizada en la Comisión de Cultura.
Durante la sesión, la Comisión Permanente dio cuenta de los siguientes asuntos:
-Iniciativa de la diputada Azucena Rosas Tapia para adicionar el artículo 40 Bis a la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Puebla, con la finalidad de establecer que el Poder Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos promoverán que la información, avisos, campañas, trámites, servicios y contenidos de interés público dirigidos a este grupo, se difundan mediante plataformas digitales, portales institucionales, sistemas de mensajería, aplicaciones móviles y demás medios electrónicos accesibles, con pertinencia cultural y lingüística.
-Iniciativa de la diputada Azucena Rosas Tapia para reformar el artículo 47 de la Ley Estatal de Salud, a fin de establecer que la información esencial relativa a derechos de las personas usuarias, requisitos de acceso, horarios, trámites, procedimientos, quejas, reclamaciones y seguimiento deberá difundirse en lenguaje claro, lectura fácil y formatos accesibles, incluyendo los ajustes razonables que correspondan para personas con discapacidad, personas adultas mayores y demás personas en situación de vulnerabilidad, conforme a las disposiciones aplicables.
