En un contexto donde la inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones sociales, Delfina Pozos Vergara planteó la necesidad de fortalecer la participación ciudadana en materia de seguridad pública. La propuesta, aunque bien recibida en el discurso, abre interrogantes sobre su viabilidad real y su alcance más allá de lo declarativo.
La idea de involucrar a la ciudadanía en tareas de seguridad no es nueva. A lo largo de los años, distintos actores políticos han impulsado esquemas de colaboración comunitaria, comités vecinales y mecanismos de denuncia. Sin embargo, los resultados han sido dispares, en gran medida por la falta de continuidad, recursos y, sobre todo, confianza en las instituciones.
El planteamiento de Delfina Pozos Vergara apunta a una corresponsabilidad entre gobierno y sociedad, pero deja en el aire aspectos clave: ¿qué herramientas concretas se brindarán a la ciudadanía?, ¿cómo se garantizará su seguridad al participar?, ¿y qué papel jugarán las autoridades en la atención efectiva de las denuncias?
Además, existe el riesgo de trasladar parte de la responsabilidad del Estado hacia los ciudadanos, en un contexto donde las instituciones aún enfrentan retos significativos en profesionalización, transparencia y capacidad operativa. Sin un fortalecimiento paralelo de las corporaciones de seguridad, la participación ciudadana puede quedarse en un esfuerzo simbólico.
El momento político tampoco es menor. Propuestas de este tipo suelen surgir en escenarios donde la agenda de seguridad cobra relevancia pública, lo que puede convertirlas en herramientas discursivas más que en políticas estructuradas.
Fortalecer la participación ciudadana es, sin duda, un componente importante en cualquier estrategia de seguridad. No obstante, su efectividad dependerá de que exista un diseño claro, recursos suficientes y, sobre todo, resultados medibles que vayan más allá de la intención política.
