En un movimiento que vuelve a poner sobre la mesa la delgada línea entre función pública y operación partidista, Claudia Hernández anunció su salida del gobierno estatal para integrarse de lleno a Morena.
La decisión, que se da en un contexto de reacomodos políticos rumbo a futuros procesos electorales, ha sido presentada como un acto de congruencia con los principios de separación entre cargo público y aspiraciones partidistas. Sin embargo, también abre cuestionamientos sobre los tiempos y las motivaciones reales detrás de este tipo de movimientos.
La transición de funcionarios hacia estructuras partidistas no es nueva en la política mexicana, pero sigue generando suspicacias, especialmente cuando ocurre en momentos estratégicos. Aunque formalmente se cumple con dejar el cargo, el capital político, las redes construidas y la exposición pública acumulada durante la gestión difícilmente se disocian de inmediato.
En el caso de Claudia Hernández, su incorporación a Morena podría interpretarse como parte de una estrategia más amplia de fortalecimiento interno del partido en Puebla, donde las definiciones rumbo a candidaturas comienzan a perfilarse.
No obstante, el trasfondo revela un patrón recurrente: la rotación de perfiles entre gobierno y partido como mecanismo de posicionamiento político. Esto plantea dudas sobre la efectividad de las reglas actuales para garantizar una verdadera equidad en la contienda, así como sobre la autenticidad de la separación entre lo institucional y lo partidista.
Más allá del discurso oficial, el reto sigue siendo construir una cultura política donde el servicio público no funcione como antesala de campañas, sino como un espacio de gestión efectiva y rendición de cuentas. De lo contrario, cambios como este seguirán siendo vistos no como actos de responsabilidad, sino como movimientos calculados dentro de la lógica electoral.
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