El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, expresó su inconformidad con la empresa Agua de Puebla y exigió que la concesionaria asuma los costos por los daños ocasionados en calles y vialidades derivados de trabajos relacionados con la red de agua potable y drenaje.
El mandatario señaló que las afectaciones a la infraestructura urbana no pueden seguir siendo absorbidas por los ciudadanos ni por el erario público, por lo que demandó que la empresa se haga responsable de reparar los desperfectos generados por sus intervenciones.
La postura del gobernador reaviva un debate que durante años ha acompañado a la concesión del servicio de agua en la capital poblana. Vecinos, organizaciones civiles y diversos sectores han denunciado reiteradamente problemas relacionados con fugas, pavimentación deficiente tras reparaciones, cobros elevados y deficiencias en la prestación del servicio.
Aunque el señalamiento de Armenta fue recibido favorablemente por algunos ciudadanos afectados por obras inconclusas o mal ejecutadas, también surgieron cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades frente a una concesionaria que ha acumulado críticas durante distintas administraciones sin que se hayan aplicado sanciones contundentes o revisiones profundas al modelo de operación.
Los daños a calles y avenidas se han convertido en una constante en diversas zonas de la ciudad, donde las excavaciones para mantenimiento o reparación de redes suelen dejar pavimento deteriorado durante semanas o incluso meses. Para especialistas en infraestructura urbana, el problema no radica únicamente en la apertura de zanjas, sino en la falta de supervisión efectiva para garantizar que las vialidades sean restituidas en condiciones óptimas.
La exigencia del gobernador coloca nuevamente bajo los reflectores la relación entre el gobierno y la concesionaria. Sin embargo, más allá de los pronunciamientos públicos, la ciudadanía espera acciones concretas que se traduzcan en sanciones, reparaciones oportunas y una mejora real en la calidad de los servicios.
Para muchos poblanos, el reclamo no es nuevo. Lo que esperan ahora es que las exigencias oficiales pasen del discurso a los resultados y que quienes generan daños al espacio público finalmente asuman el costo de sus responsabilidades.
