Puebla, Pue.- Con la mayoría de votos de los diputados integrantes de la LIX legislatura, fueron ratificados María de Lourdes Dib Álvarez, Alfonso Siriako Guillén Almaguer y David Paz Moreno, como magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, mismo que entrará en funciones a partir del 18 de diciembre y estará en funciones en periodos de 11, 13 y 15 años.
En entrevista posterior a rendir protesta al cargo, el magistrado Alfonso Siriako Guillén Almaguer, dijo su trayectoria y experiencia adquirida en los últimos años fueron los factores que lo llevaron a ser designado en el cargo.
Desestimó que la cercanía que tiene con el gobernador de Puebla, Antonio Gali Fayad, haya influido para que asumiera la magistratura por un periodo mínimo de 11 años y aseveró que una vez que inicien funciones demostrará su capacidad.
Por su parte, la magistrada de María de Lourdes Dib Álvarez señaló que tiene claro que su postura y desempeño en todo momento deberá ser imparcial y apegado a las leyes vigentes para brindar a los ciudadanos la certeza que se resolverán su asuntos con objetividad.
Refirió que serán transparentes en las decisiones que tomen sobre todo porque estarán siendo vigilados y en caso de incurrir en alguna irregularidad por la que podrían ser sancionados penalmente.
En tanto que, el magistrado David Paz Moreno, negó que su relación cercana con la secretaría general del Partido Acción Nacional (PAN), Martha Erika Alonso Hidalgo, influirá en su desempeño dentro del Tribunal de Justicia Administrativa del SEA.
En este sentido, explicó que se tiene como plazo el 18 de diciembre para poder iniciar operaciones, ya que se deberá integrar el reglamento interior del Tribunal y las leyes que van a regular los procedimientos correspondientes, a fin de dar certeza al Sistema Estatal Anticorrupción.
Los magistrados tendrán la facultad de dictar sentencias en aquellos casos en los que exista un daño a la hacienda pública, además de determinar montos de indemnizaciones y sanciones pecuniarias a los responsables de ocasionar un perjuicio a los entes públicos de orden estatal o municipal.
